Prestación de cese de actividad por suspensión

(Art. 13.1 RDL 30/2020 de 29 de septiembre)

Prestación por cese de actividad

¿Quiénes son los destinatarios?

Son aquellos trabajadores autónomos afectados por una resolución de la autoridad competente, que obliga a la suspensión de todas las actividades motivada por la COVID-19.

¿Qué requisitos deben cumplir?

  • Resolución de la autoridad, posterior al 1 de octubre, que obligue a la suspensión (cierre) de todas las actividades.
  • Estar afiliado y en alta en el RETA al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución que acuerde el cese de actividad.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
  • Continuar dado de alta mientras perciba la prestación.

Inicio y fin de la prestación

  • Si se pide dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de efectos de la resolución, la prestación se inicia desde el día siguiente de la fecha de efectos.
  • Si se pide después de esos primeros 15 días, se inicia desde el día de la solicitud
  • Finaliza el último día del mes en el que termina la suspensión de la actividad.

¿Cuál es la cuantía de la prestación?

Será del 50% de la base de cotización mínima que corresponda por la actividad desarrollada.

Se incrementará hasta el 70% si es familia numerosa y son los únicos ingresos de la unidad familiar.

Será del 40% si conviven en un mismo domicilio dos o más personas con derecho a prestación (hasta primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.

Incompatibilidades

  • Trabajo por cuenta ajena, excepto si los ingresos son inferiores a 1,25 veces el importe del SMI (Salario Mínimo Interprofesional)
  • Trabajo por cuenta propia.
  • Percepción de rendimientos procedentes de la sociedad que ha suspendido la actividad.
  • Percepción de prestaciones de Seguridad Social, salvo que sean compatibles con su actividad.
  • Ayudas por paralización flota en los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

* Esta información es orientativa. Está desarrollada en el Real Decreto-Ley 30/2020 de 29 de septiembre