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Modificaciones de las condiciones de trabajo tras el coronavirus

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La irrupción del coronavirus ha convulsionado a la humanidad de forma que nuestro sistema de vida no será igual y tendremos que preguntarnos cómo será nuestro comportamiento después del brote epidemiológico que ha afectado a todo el mundo.

Comportamiento social, cambios en el sistema de vida, relaciones labores, en sus modalidades de trabajo, donde juega un papel principal las nuevas tecnologías, teletrabajo, controles horarios, conciliación de la vida familiar... De ahí que tras el confinamiento obligado, con el fin de hacer frente a la propagación del virus, se han producido situaciones como el cierre de comercios e industrias, con resultados y consecuencias catastróficas, en especial en la pequeña y mediana empresa y autónomos, que en la mayor parte se verán obligados a incumplir lo pactado, de ahí la necesidad de modificar las condiciones inicialmente pactadas en aras de mantener en gran manera la seguridad jurídica, lo que se conoce en el aforismo “pacta sunt servanda”.

Por otra parte, estas obligaciones pueden eludirse en supuestos extraordinarios y de ahí el acogerse a otra cláusula “rebus sic stantibus” que aunque no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico (se intentó aplicar en la crisis económica del año 2008 sin mucho resultado) con la presente crisis vuele a estar de plena actualidad para apoyar la economía y el empleo.

Dicha cláusula consiste en el “cambio de las condiciones básicas y flexibilización de las obligaciones contractuales”, facilitando una posible adaptación y modificación para intentar asegurar la supervivencia de los puestos de trabajo, e incluso, de la propia empresa. En definitiva, para que pueda producirse dicha modificación tiene que acaecer algo extraordinario que afecte a la naturaleza y objeto del contrato y riesgo y supervivencia del mismo, siendo necesarios para su aplicación circunstancias imprevisibles e imposibles de cumplir en el desarrollo del mismo, desde su celebración, y en el devenir, al ser muy onerosas y difíciles de cumplir.

Dichas circunstancias están contempladas en el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, sobre medidas urgentes tras la declaración del Estado de Alarma, donde en la exposición de motivos se utilizan los términos de la imprevisibilidad e inestabilidad del riesgo derivado, así como como la excesiva onerosidad de la prestación debida, bajo los principios rectores que deben presidir cualquier contrato, cuáles son, la prestación debida y la de la buena fe contractual. pPr lo que conviene recordar al profesor Diez-Picazo en una conferencia dictada sobre la cláusula “rebus sic stantibus” que “convendría irnos purgando, ir purgando a nuestros Tribunales, ir purgando a nuestros colegas de ese larvado anticontractualismo que anda por ahí (…) y aconsejarles que no es un buen canino aplicar (…)inyecciones de equidad contractual. Si las pares lo ha querido, y esa es su voluntad, esa es su voluntad sin que hay que aplicar equidad contractual”.

La aplicación de esta cláusula no es un asunto baladí al entrar en juego muchos factores. Así, deberán analizarse las circunstancias y efectos en cada caso concreto, de forma que la aplicación de esta cláusula despliegue todos sus efectos. Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, en sentencia de 27/4/2012 y 30/6/2014, donde es reacia a la aplicación de tal modificación, haciendo una clara distinción con el rigor que caracteriza al citado Tribunal, “si se trata de contratos temporales de tracto sucesivo o de larga duración” pues al amparo de la aplicación de dicha cláusula se pondría en riesgo el principio de seguridad jurídica.

Ahora bien, la modificación de la condiciones laborales en la situación motivada por la pandemia han utilizado el procedimiento legal del ERTE como medida preventiva y en aras de evitar la extinción de los contratos de trabajo, siguiendo la línea y la doctrina de la fuerza mayor.

Finalmente, ante la situación catastrófica que ha supuesto el virus para todo el mundo no estaría de más que por los legisladores se estudiara con minuciosidad y rigor las reflexiones aquí plasmadas en este breve comentario, con el fin de agilizar las medidas legales que contribuyan en la media de lo posible a mantener los niveles de empleo y estabilidad en los puestos de trabajo, y así evitar unos efectos económicos que destruyan el empleo.

 

Autor: Elena Tejedor

Sobre el despacho:

TEJEDOR ASESORES S.L.P.

Ubicado en la Avda. Rafael Cabrera, 4 – 1º y 6ºB – C.P.: 35002 Las Palmas de G.C. Tejedor Asesores inició su actividad en el ámbito del Derecho y de la Seguridad Social en 1995. La firma ha desarrollado desde entonces el asesoramiento, la consultoría y la defensa en juicio de las principales empresas de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de entidades y empresas del sector público.

 

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30/07/2020