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Accidentes de trabajo por sorpresa

Navarro & Asociados Abogados

Si es usted empresario, es posible que, en un momento dado, reciba algún requerimiento de información por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la Inspección de Trabajo acerca de algún supuesto hecho ocurrido en su empresa del que supuestamente también se ha derivado una baja médica de un trabajador a sus órdenes. 

Baja que fue tratada desde el minuto cero como derivada de enfermedad común o accidente no laboral. Y esto, además, puede ocurrir respecto de supuestos hechos, acontecidos hace varios años.

Tras facilitar a la administración la información requerida, es probable que usted reciba una resolución del propio Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que se diga que se declara que la baja médica ocurrida a tal o cual trabajador en la fecha supuesta, deriva de accidente de trabajo y que el responsable del pago de las prestaciones es la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. En nuestro caso, Umivale.

Lo más normal es que usted le dé carpetazo a esto, dado que con toda seguridad tiene bien cubiertas las contingencias profesionales con la mutua y, por otra parte, es seguro que la mutua va a cumplir sin problemas con sus obligaciones, que para eso está.

Responsabilidades económicas y legales

Lo que nadie suele explicar es que detrás de esta actuación administrativa, aparentemente intrascendente, se esconde una auténtica batería de responsabilidades económicas y legales de altísimo calado y de no poco coste económico que pueden dar al traste con el presupuesto más saneado que seamos capaces de imaginar.

La sola enumeración de estas responsabilidades pone ya los pelos de punta: delitos contra los derechos de los trabajadores; multas administrativas por infracción de las normas de Prevención de Riesgos Laborales; indemnizaciones por responsabilidad civil y recargos sobre prestaciones de la Seguridad Social.

trabajadores tecnológicosPara no ser alarmistas, indicar que la primera posibilidad, es decir, la de considerar los hechos constitutivos de delito, es la que se produce en las menos de las ocasiones, pero las demás, son de factura totalmente habitual en el tráfico jurídico de nuestros tiempos y si bien no hay que temer, salvo casos extremadamente graves, por la libertad de las personas, si debe temerse por la economía de la empresa en los demás casos, puesto que la suma del resto de las figuras enumeradas, por otra parte, compatibles entre sí, suele arrojar cifras de trascendencia, en ocasiones, demoledoras.

Determinación de contingencia

La razón de todo esto obedece a la existencia de un procedimiento administrativo muy desconocido en general y poco utilizado hasta tiempos recientes, que permite al Instituto Nacional de la Seguridad Social declarar, a través de una simple resolución administrativa, que dónde se dijo enfermedad común o accidente no laboral, ahora debe constar, accidente de trabajo o enfermedad profesional.

La base legal de todo ello descansa en la Disposición Final Cuarta del Real Decreto 625/2014 de 18 de julio, que añadió un nuevo artículo, el sexto, al R.D. 1630/2011. El título del precepto reglamentario es expresivo por si mismo: “… Procedimiento administrativo de determinación de la contingencia causante de los procesos de Incapacidad Temporal…”.

El procedimiento puede ser iniciado de oficio, a instancias del trabajador, o de la mutua o empresa colaboradora con la Seguridad Social. Iniciado el expediente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, debe comunicarlo al Servicio Público de Salud, a la Mutua ó Empresa Colaboradora y darles un perentorio plazo de 4 días para que aporten los antecedentes de que dispongan.

Igualmente debe darse traslado al trabajador afectado (si no es él quien inicia el expediente), para que en plazo de 10 días aporte documentación y efectúe alegaciones. Seguidamente se solicitará informe al equipo de valoración de incapacidades y con este informe el Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, debe dictar Resolución que se comunicará al trabajador interesado, a la empresa, a la Mutua Colaboradora y al Servicio Público de Salud.

¿Cómo combatirlo?

La única forma de combatir estas resoluciones es interponer directamente demanda ante el Juzgado de lo Social. Aunque se interponga la demanda, son de obligado cumplimiento a partir de la fecha de su dictado.

Como puede observarse pues y a través de un procedimiento administrativo perentorio y carente de las mínimas garantías de defensa, cualquier empresa puede verse sorprendida y quedar envuelta en un mar de responsabilidades de alto calado y en un estado de total y absoluta indefensión, dado que además, es más que habitual que la única motivación de estas resoluciones sea un lacónico “…porque queda acreditada la naturaleza laboral del proceso…” que es lo mismo que no decir prácticamente nada.

Ante este tipo de fenómenos, cada vez más frecuentes, es conveniente, primero, asesorarse sobre qué decir y cómo, cuando se requiere la información y segundo, y tan o más importante, no aquietarse a este tipo de resoluciones, porque son auténticos dardos envenenados, sobre todo cuando declaran la existencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que no son tales o que, directamente, nunca han ocurrido siquiera.

 

Autor: Bernat Miserol Font

Abogado Colegiado 14.752 del ICAB.

Navarro & Asociados Abogados

 

Sobre el despacho:

La firma Navarro & Asociados Abogados fue fundada en 1984 en Valencia. Actualmente, tiene sede en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Es un bufete con gran reconocimiento en toda la península por su especialización en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y Derecho Bancario.

31/10/2019


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